El Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Universidad Carlos III de Madrid, reafirman su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, con la celebración de este Seminario Internacional que cuenta con el apoyo del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura.
En la inauguración, Luis Cayo Pérez, Presidente de CERMI y Fundación Derecho y Discapacidad, consideró que existen muchos elementos creativos en el derecho a las ciencias jurídicas, lo cual acredita la existencia de una rama del derecho de las personas con discapacidad. Para el presidente de CERMI, es necesario “Poner el acento en todas las promesas esenciales en el derecho de la discapacidad. Se trata de plantarlas, ya vendrán los tiempos de recoger, y son momentos esenciales en los que se están constituyendo para crearlas y plantearlas”.
Seguidamente, Jesús Coronado Hinojosa, Presidente del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, A.C, desde México, agradeció el espacio creado para intercambiar sobre los derechos de la discapacidad, y poder llamar la atención de los juristas sobre la necesidad y conveniencia de tener un derecho de la discapacidad para poder exigir a los diferentes gobiernos el cumplimiento de lo que se plasme en esta rama.
Coronado definía la transcendencia de esta jornada para las personas con discapacidad, y para aquellas personas que buscan apoyarlas en sus necesidades más inmediatas.
A continuación, intervenía María del Carmen Barranco, Directora del Instituto Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, precisando “el desarrollo del derecho de la discapacidad como una asignatura pendiente”, el cual debe ser tomado en cuenta en las actividades profesionales dedicadas a la enseñanza relacionada con los principios y los derechos. Por ello, definía este seminario como una colaboración esencial para apuntar a una disciplina autónoma como es el derecho de las personas con discapacidad. Una iniciativa que facilita la comprensión y la efectividad de las garantías para estas personas.
Finalmente, Antonio Ventura Díaz Díaz, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual A.C, agradecía la celebración de este Seminario Internacional, y en especial a las entidades implicadas, las cuales “hacen posible lo más importante, que el compromiso encarne valores exponenciales que se extiendan a toda la diversidad humana, como la tolerancia y la solidaridad, respetando a todos los seres humanos indistintamente de su forma de pensar, de su color de piel, de su condición física o psíquica, de su situación económica o social, es decir, respeto a todas las personas y a todos los seres humanos”.
El vicepresidente ejecutivo del INIBEDI, finalizaba resaltando la actividad catalizadora de la Fundación Derecho y Discapacidad, unida por el cambio que afecta a todo el mundo del derecho, y presentando con anticipación al mundo de la discapacidad con el horizonte de la Agenda 2030.
Durante la primera conferencia de la tarde “Delimitación, Definición y Justificación del Derecho de la Discapacidad”, Rafael de Lorenzo, Secretario General de la Fundación Derecho y Discapacidad y Profesor Titular de la UNED, planteaba la hipótesis de la existencia de una rama del ordenamiento jurídico con una especialidad en discapacidad.
A su juicio, “se han ido generando procesos y mejoras de instrumentos de participación, etc. Desde la perspectiva del estudio y el conocimiento, no existía una visión de globalidad integrada”.
Para todo ello, es necesaria la existencia de una estructura administrativa que le dé un ropaje, una dirección general en las comunidades autónomas, órganos de participación, patronatos, etc. Una estructura importante reflejada en toda la administración y sus distintos niveles. Para ello hay que valorar si hay pronunciamientos que le den soporte a esta rama específica, para que vaya tomando cuerpo y se vayan asentando los principios de la convención, especificaba Rafael De Lorenzo.
Concluyendo, el director de la Fundación Derecho y Discapacidad, apuntó la hipótesis del derecho de la discapacidad, para el cual es importante el crecimiento metodológico para reconocer la rama jurídica, por “lo que tenemos que trabajar en el futuro como estamos haciendo para que cada vez más sea mejor el derecho de la discapacidad, y podamos integrar una metodología sistemática para dar protección jurídica al colectivo de personas”. El método ahora es diferente al anterior, ahora se sitúa al sujeto en el centro de referencia como elemento esencial de derechos y obligaciones, de esta forma tener una visión conjunta de todo ello, y a partir de ahí valorar si los instrumentos jurídicos adecuados para ello poseen carencias o lagunas, permitiendo así su corrección de cara al futuro y su implementación.
En la siguiente conferencia a cargo de Rafael de Asís Roig, Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, “Principios y valores del Derecho de la Discapacidad”, partió de una serie de rasgos, para poder hablar de sistemas, “hablamos de unidad, para poder hablar de una rama es presente que la unidad se consiga, encontrando unos criterios de unidad, de formar parte de esta rama”.
Para que haya una rama jurídica debe estar presidida por unos principios y unos valores, que sirvan para identificar unos objetos. Toda rama jurídica adapta estos principios y valores a aquellos que tienen que ver con los grandes referentes del mundo ético y contemporáneo. La rama y el derecho a la discapacidad, que es una rama nueva, está presidida por esos mismos principios y valores que residen en cualquier rama.
Otro de los grandes referentes en la conferencia de Rafael de Asís fue la accesibilidad universal, “sin accesibilidad no hay ejercicios de derecho”, no tiene sentido hablar de derechos no accesibles. “No solo tenemos que pensar de luchar contra las barreras físicas, una parte muy importante es luchar contra las barreras actitudinales, de ahí la importancia de las barreras cognitivas”.
Debe existir la posibilidad de exigir a los poderes públicos garantías, por ello la solidaridad es fundamental, en el sistema democrático si no existe solidaridad es muy probable que no haya respuestas. “Los poderes democráticos deben ser la expresión de todo ello” recogía Rafael.
Tras un tiempo de debate e intervención de las personas participantes daba comienzo la mesa redonda sobre “Las fuentes del Derecho de la Discapacidad”, donde comenzó con la primera de las intervenciones Agustina Palacios Rizzo, Investigadora Adjunta del CONICET, Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, “Alicia Moreau” Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar de Plata, quien inició su discurso en el contexto de la normativa internacional.
Para la investigadora adjunta del CONICET, “el derecho internacional ha incorporado a las personas como sujetos, que además tienen unos principios, y este derecho internacional goza de un sistema de protección, que a su vez nuclea todos los tratados existentes”.
Agustina Palacios definió al derecho internacional como un sistema regional, que pone en contacto directo al poder judicial con las diversas fuentes a través de herramientas de control de la convencionalidad, para que los países que conforman estos tratados y sus poderes estén obligados a analizar si cualquier normativa que pertenece al ordenamiento jurídico es cumplido o interpretado de forma correcta.
Seguidamente Miguel Ángel Cabra de Luna, Patrono de Fundación Derecho y Discapacidad, iniciaba su intervención con la estrategia europea, definida como
“los derechos y la hoja de ruta para los próximos años de gran relevancia”, ya que esto da una vía de entrada en los presupuestos de la unión europea, “hay que hacer un esfuerzo de las medidas europeas ofreciendo nuestros conocimientos para lidiar con los problemas que se plantean”.
La estructura competencial y de crear legislación dificulta el avance normativo y ojalá se corrija este defecto, porque el avance es muy difícil, “por lo que estamos en un momento clave para los planes de acciones de economía social e inclusión. El CERMI no deja de ser un órgano de presión, y debemos continuar presionando para que todos los instrumentos sean lo más ambicioso posible”, concluía Miguel Ángel Cabra.
Por su parte, Miguel Loya, Socio de Garrigues, resaltó el estrés al que se encuentra sometida la ley en cuanto a la modificación de la misma, a continuación “apuntamos las normas y los preceptos esenciales como fuentes del derecho de la discapacidad en España”.
El reconocimiento de un derecho siempre es un avance, pero lo que garantiza que ese derecho sea reconocido es la garantía que ello conlleva en su establecimiento, vehículos jurídicos para que pueda materializarse.
Hay más de 164 normas estatales que regular materia de discapacidad, y que además se pueden clasificar dependiendo del derecho al que afectan, al civil, al mercantil, etc. Añadir también la normativa de las comunidades autónomas y las locales que se pueden llegar a aprobar. El corpus jurídico es extraordinario.
La siguiente en participar en la mesa redonda fue la abogada de Garrigues, Isabel Enríquez, quien condujo su discurso en base a la norma, la cual debe ser aplicada a todas las personas, y no las personas a la norma. “Son las sentencias las que nos van mostrando las experiencias jurídicas de una sociedad, por eso son indiscutibles, y más en una rama del derecho como en esta que estamos tratando, y orientando al legislador, las experiencias jurídicas presentan matices que las normas no prevén. Estamos ante un ordenamiento casuístico”
En general se va atendiendo a la casuística, como la educación inclusiva. Aun así, los tribunales modulan dependiendo de los casos.
Por último, finalizaba esta mesa, y con ella la jornada del día 24, Mariana Samaniego, considerando que “los estados partes deben garantizar en los asuntos públicos la participación de las personas con discapacidad que representen a este colectivo a nivel nacional e internacional, así como su incorporación a estas organizaciones, por lo que la situación de las personas con discapacidad está ligada directamente a la garantía de sus derechos”.
Samaniego consideraba de gran relevancia dotar de nuevas herramientas al tercer sector, ya que es fundamental para el seguimiento normativo de las mismas, y dotarlo de una mayor especialidad para el ejercicio que se les asigna.
La abogada de Garrigues finalizaba con unas palabras congruentes, “no puede obviarse la participación de la población civil, su intervención no solo resulta obligada sino esencial”.
El seminario cuenta con el apoyo financiero del SEPAD, y la colaboración de Alimentos de Extremadura, FUNDHEX y las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres.