La última jornada del Seminario celebrada en la tarde de ayer, 25 de noviembre, comenzaba con la conferencia “Interseccionalidad de género en el Derecho de la Discapacidad”, a cargo de la abogada y mediadora, Gloria Esperanza Álvarez, quien abordó la situación de las mujeres y niñas.

En palabras de la abogada, “hay una gran escasez de datos, hay un déficit de los registros oficiales que omiten los indicadores de género, impidiendo conocer la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, impidiendo así la creación de políticas para ello y la aplicación de la convención”.

Álvarez consideraba ineludible hablar de discapacidad o del derecho de la discapacidad sin sostener la transversalidad y la interseccionalidad, “hay que tener en cuenta el objeto que crea el vínculo con los diferentes ordenamientos jurídicos y en las líneas de acción. Tras ello, se debe comenzar a tejer la interseccionalidad”.

A continuación, se abrió la mesa redonda “Los derechos y sus garantías en el Derecho de la Discapacidad”, moderada por Antonio Luis Martínez Pujalte, profesor titular de filosofía del Derecho en la Universidad Miguel Hernández. La primera de las intervenciones corría a cargo de María del Carmen Barranco, directora del Instituto Gregorio Peces – Barba, quien articulaba su intervención en las dificultades para la efectividad del derecho a la igualdad.

Para María del Carmen Barranco, “existen dificultades para la efectividad del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en base a la convención de los derechos de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Patricia Cuenca, profesora de la Universidad Carlos III, aludía a la autonomía como concepción en el derecho de la discapacidad, “la autonomía no es un presupuesto o condición sino una meta o ideal a alcanzar”. Ello supone considerar como una obligación de justicia explorar las diversas maneras en las que la autonomía puede manifestarse, promoviendo los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones y aspirar a una vida digna.

Para la profesora Cuenca, “la autonomía tiene un papel fundamental en la convención. En su artículo enfatiza el carácter social y relacional de la autonomía, y además establece al Estado el deber de salvaguardar”.

En su intervención, Antonio Luis Martínez Pujalte señalaba los objetivos de la convención, y más específicamente la participación, uno de los objetivos fundamentales de la misma, la cual “promueve la plena participación social de las personas con discapacidad, como ciudadanos de pleno derecho”.

Un aspecto a resaltar por Pujalte fue la participación de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, ante lo cual “los Estados deben celebrar consultas estrechas y colaboraciones activas con las personas con discapacidad, incluyendo a los niños y niñas con discapacidad a través de una representación”.

Concluía la mesa, Miguel Cruz Amorós, abogado y patrono de Fundación Derecho y Discapacidad, haciendo mención a la efectividad y a las garantías que la posición jurídica debía ajustar a las reglas del ordenamiento jurídico.

Cada vez se abren más huecos para controlar esta inactividad, por lo que, a juicio de Cruz Amorós, “se deben exigir las garantías de formalizar estos retos y que formarán parte del futuro derecho de la discapacidad”.

La segunda de las mesas, “Políticas, mecanismos y estructuras del Derecho de la Discapacidad”, moderada por Segundo Píriz, Director académico e internacional de Planeta Formación y Universidades, y Patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, se iniciaba con la intervención de María José Romero Ródenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha, quien caracterizaba la temática del Seminario como fundamental en la agenda política, quedando mucho camino por recorrer, “actualmente la estrategia europea de discapacidad nos alertaba sobre las cifras que suponían las personas que se encuentran privadas de sus derechos fundamentales”.

Para la Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social “la contribución de los actores hacia el desarrollo de la agenda 2030 tienen una importancia mayúscula, porque los objetivos van a hacer frente a los desafíos sociales y económicos, pero además van a servir como políticas de acción”.

Seguidamente, tomaba la palabra, Rosa Díaz Jiménez, Doctora y Profesora en la Universidad Pablo de Olavide, quien definía los mecanismos que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad.

En concreto, se centraba en la educación inclusiva en niveles superiores, para lo cual “es importante tener mecanismos, estrategias y programas/ proyectos para llegar a esta realidad social”. Entre las estrategias se destacaba la formación curricular en el diseño para todas las personas en cuanto a los planes de estudio, así como intérprete de lengua de signos. Esto reforzaría las propuestas de los centros educativos, incorporando a personas con discapacidad intelectual en la Universidad.

En referencia a las estructuras, Luis Villameriel Presencio, Subdirector Técnico de la Sección de Enjuiciamiento de Tribunal de Cuentas aludía a la brecha salarial negativa entre las personas con discapacidad, las cuales poseen menos oportunidades para realizar actividades formativas, suponiendo un esfuerzo económico, recayendo en estas personas y en sus familiares.

Estos costes no deben ser asumidos en términos individuales, la respuesta a la discapacidad tiene que ser jurídica en término de derechos, dando una respuesta colectiva a los sobrecostes de la discapacidad.

“El gasto público en discapacidad es un verdadero termómetro de si tenemos una sociedad avanzada democráticamente o no”, definía Villameriel Presencio.

Finalizaba la mesa, Miguel Cruz Amorós, abogado y patrono de Fundación Derecho y Discapacidad, quien repasó los gastos públicos y las estructuras financieras para ello. Trató la fiscalidad de las personas con discapacidad, donde se adentra el problema de resolver una vez que se aceptó la convivencia entre medidas fiscales y la discapacidad.

A continuación, tomaban la palabra las personas participantes del Seminario, con distintas intervenciones, ruegos y preguntas para los ponentes. Un espacio de intercambio de ideas y experiencias relativas a la temática central.

Posteriormente, comenzaba la última de las conferencias de clausura “Nuevas fronteras del Derecho de la Discapacidad”, a cargo de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente de CERMI y de Fundación Derecho y Discapacidad.

Para Cayo Pérez “hablamos de un derecho de la discapacidad en expansivo, posee una extensión a conquistar y a tomar posesión de nuevos espacios regulativos e interpretativos”.

La desinstitucionalización como parte del derecho a una vida independiente y a ser incluida en la comunidad, se ha entendido como naturalidad y paternalista, vivir de forma segregado y distinto al general por una causa no justificada, no existiendo alternativas en la mayoría de los casos, “pues las personas son inducidas como si fuese un derecho natural a vivir en instituciones, lo cual es revertido por la convención”, consideraba en su exposición el presidente del CERMI.

Concluía resaltando la situación de las personas con discapacidad en la situación actual, donde dentro de planes de emergencia, las personas con discapacidad están siendo relegadas a segundo plano ante la asistencia y la protección, “todo lo que tiene que ver con el conflicto de la libertad de expresión, la defensa colectiva de la imagen, debe ser protegida a título colectivo, y desde el derecho de la discapacidad se tendrán que dar propuesta y directrices que no den respuestas cerradas, sino integradoras en la sociedad general”.

Clausuraba María del Carmen Barranco, aludiendo a la importancia de seguir trabajando en un enfoque de derechos humanos y discapacidad para dotar de protección a las personas con discapacidad.

El seminario cuenta con el apoyo financiero del SEPAD, y la colaboración de Alimentos de Extremadura, FUNDHEX y las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres.